En el segundo piso de la casona 110 en la calle Monte Tauro, en la lujosa colonia Lomas de Chapultepec, el presidente electo Enrique Peña Nieto recibió a su futuro secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con un importante documento bajo el brazo.
Faltaban dos meses para la toma de protesta y el exgobernador de Hidalgo presentaba, por primera vez, el documento final de lo que sería la estrategia de seguridad para el sexenio 2012-2018.
El documento era un legajo de lugares comunes, diagnósticos fáciles y estadísticas frías que se habían elaborado con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la entonces Procuraduría General de la República y la Policía Federal. Pero casi al final estaba lo realmente importante: un registro. Una lista negra.
Se trataba de 122 nombres con apellidos, edades, lugares de nacimiento, estaturas, así como la organización criminal a la que pertenecen y, en algunos casos, una fotografía… la más actual posible. En lo alto de la hoja estaba escrito, con negritas, “objetivos prioritarios”. La mayoría eran de Los Zetas, seguidos del Cártel de Sinaloa y luego el Cártel del Poniente.
La estrategia de seguridad del sexenio, resumió Osorio Chong, se basaba en detener o abatir a esos 122 delincuentes y generadores de violencia. Cayendo ellos, pensaban, caerían todos los demás y el país saldría de la pesadilla a la que se metió seis años atrás, cuando el expresidente Felipe Calderón declaró la mal llamada “guerra contra el narco”.
En esta lista negra estaba, por ejemplo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, libre por aquellos años. También los hermanos Treviño Morales, Miguel Ángel y Omar, fundadores de Los Zetas; “El Kike” Plancarte, líder de Los Caballeros Templarios; e Ismael “El Mayo” Zambada, por mencionar algunos de los nombres más reconocidos.
Seis años más tarde, la aún PGR publicó su último informe del sexenio priista. De esos 122, 109 habían sido capturados o asesinados en enfrentamientos con fuerzas federales. Sólo 13 habían sobrevivido a la estrategia, es decir, el 10%. Un aparente éxito.
Pero a pesar de que la lista negra estaba tachada casi en su totalidad, el país estaba peor que nunca: el presidente saliente Enrique Peña Nieto recibió un México con 25 mil 967 homicidios en un año y lo entregaba al presidente entrante Andrés Manuel López Obrador con 36 mil 685 asesinatos anuales. Un incremento de 41% de ejecutados.
Retomo esa historia porque este martes 8 de octubre, el nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó en la conferencia matutina en Palacio Nacional la estrategia de seguridad para el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El secretario Harfuch, quien como comisionado de la Agencia de Investigación Criminal ejecutó la estrategia del peñanietismo, ofreció una versión reeditada y ampliada de ese viejo plan. Durante su presentación, en el apartado de Atención a Delitos de Alto Impacto, ofreció que en su gestión se identificarán los liderazgos criminales de primer, segundo y tercer nivel en las empresas delictivas. Es decir, vuelve la cacería contra los objetivos prioritarios, pero ya no serán sólo 122, sino acaso cientos que van desde el gran capo hasta el jefe de plaza.
Para lograr frenarlos, el “superpolicía” ensayará con tres componentes nuevos. El primero es una Guardia Nacional ya convertida formalmente en una comandancia de proximidad bajo la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional; el segundo, una recién creada Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial que promete contar con la tecnología de última generación para ubicar a esos objetivos prioritarios.
Y tercero, el despliegue de unidades especiales para ejecutar cateos y cumplir órdenes de aprehensión en zonas de difícil acceso que están controladas por el crimen organizado. Eso detonará procesos penales en contra de los objetivos prioritarios y algunos podrían terminar en extradiciones exprés hacia Estados Unidos, de acuerdo con el plan.
En un símil de lo que sucede en cada presidencia estadounidense, el secretario Harfuch tiene los primeros 100 días del nuevo gobierno para probar que su enfoque es el correcto. Especialmente, se juega el reto de que el regreso de los objetivos prioritarios, esta vez, por fin, de buenos resultados.
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