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Al morir en el 1700 el rey Carlos II se extinguió la dinastía de la Casa de Austria (porque no dejó descendencia) en España. A raíz de esto, la corona quedó a cargo de un nieto de Luis XIV de Francia, llamado Felipe de Anjou, que pasó a llamarse Felipe V (1700-1746). Este nuevo monarca era heredero de la dinastía borbónica, de la casa real francesa.
Este cambio implicó una transformación y centralización de las actividades administrativas. Se intentó controlar más directamente a las autoridades regionales y para ello se crearon nuevos cargos, como los intendentes y subdelegados. Estos cambios hechos en España, se hicieron sentir en todos los territorios dependientes de la Corona, desde México hasta Chile.
Además, durante su gobierno aplicó una nueva política comercial (en España y en sus colonias), que junto con la fiscal, estaban orientadas a lograr una administración más eficaz y mayores beneficios económicos para España.
Las nuevas leyes económicas aplicadas por el estado español recibieron el nombre de reformas borbónicas, las cuales consistieron principalmente en eliminar el sistema comercial de flotas y galeones remplazándolo por el de los Navíos de Registro. A partir de 1720, cualquier armador podía embarcar mercaderías hacia las colonias, pagando un derecho en el puerto de Cádiz y obteniendo la autorización de la Casa de Contratación.
Los navíos de registro hicieron más expedito el comercio entre España y América. Los precios de las mercaderías bajaron, aumentando el consumo, lo que provocó un flujo muy alto de metales preciosos desde América a Europa.
Las reformas continuaron. En 1765, bajo el gobierno del rey Carlos III, el más destacado gobernante de la Casa de Borbón, se autorizó la salida de barcos hacia América, desde varios puertos españoles, rompiéndose con esta medida el monopolio que habían tenido, primero Sevilla y luego Cádiz.
En 1778, el rey Carlos III decretó el libre comercio en sus dominios territoriales. El establecimiento de esta medida tuvo por objetivo fortalecer y mejorar las relaciones de intercambio comercial con las colonias, ya que las antiguas medidas económicas, no habían tenido resultados positivos para el gobierno español.
Como consecuencia de esta nueva política económica, se habilitaron otros puertos españoles para el intercambio comercial con las colonias americanas, lo que aumentó, casi diez veces, la llegada de embarcaciones mercantiles a América.
Las nuevas facilidades otorgadas al comercio significaron para América la llegada de gran cantidad de artículos que, hasta entonces, habían sido casi imposibles de obtener y comprar. La oferta creció considerablemente mientras la demanda, progresivamente disminuyó, provocando la saturación del mercado.
En el caso de Chile, a los puertos de Valparaíso y Concepción les fue permitido mandar buques directamente a puertos españoles.
Aparte de estas reformas económicas, Carlos III también hizo cambios de carácter político, los cuales repercutieron en la organización administrativa y en el control de las nuevas autoridades. En lo que se refiere a los gobernadores, llamados también capitanes generales en las regiones de mayor belicosidad indígena, se estableció un sistema de promociones para designar a aquellos funcionarios que habían hecho su carrera administrativa en América y, por ello, podían conocer mejor las necesidades de los diferentes territorios.
En 1776 se dictó la Instrucción de Regentes, que creó en la Real Audiencia este cargo. Dicho puesto debía ser servido por un letrado, al cual le correspondía en adelante presidir con voz y voto el tribunal, instituyendo asimismo un fiscal de crimen. El papel del gobernador quedó por tanto reducido a un mero rol simbólico de presidente de la Audiencia.
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