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El documental "Cita con la muerte" del cineasta Wilfried Huismann, describe una atrevida hipótesis sobre el asesinato de John F. Kennedy ocurrido el 22 de noviembre de 1963, donde se sustenta la implicación de los servicios secretos del Gobierno cubano según la información documental y testimonios recogidos en diversas partes del mundo.
En el documental se reconstruye la guerra secreta del Gobierno estadounidense bajo John F. Kennedy contra el régimen comunista de Fidel Castro. Sin que ni el Congreso de Washington y ni la opinión pública se enteraran de las acciones desestabilizadoras contra Cuba, se estaban gestando actos de sabotaje e intentos de asesinato, una contravención de las leyes estadounidenses ya en esa época.
Bajo ese marco, el documental afirma que La Habana utilizó a Lee Harvey Oswald para asesinar al presidente John F. Kennedy, cuyo deceso se produjo el 22 de noviembre de 1963. La producción costó 850.000 euros y fue producto de tres años de investigaciones en México y los Estados Unidos.
Wilhelm Huismann y Gus Russo, realizadores del programa de 90 minutos, afirman que "Oswald fue reclutado por los servicios secretos cubanos, el G-2, y recibió durante su estancia en México en septiembre de 1963 el encargo de disparar contra Kennedy". El futuro asesino viajó a México semanas antes del crimen para encontrarse con oficiales de alta jerarquía del G-2, algo que niega categóricamente Fabián Escalante, ex jefe de ese organismo secreto.
Huismann señala que la supuesta lucha entre Kennedy y Fidel Castro la ganó este último, luego de que los estadounidenses fracasaran en su objetivo de matar al mandatario cubano durante la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. "Este error político de Kennedy desencadenó una cadena de acontecimientos que, como una antigua tragedia, debía forzosamente acabar con la muerte de uno de los dos protagonistas", dice el realizador.
En el documental aparece el testimonio de Óscar Marino, un ex agente cubano que afirma que Oswald "estaba lleno de odio, él tenía la idea. Nosotros lo usamos". También afirma que Cuba temía que Kennedy quisiera matar a Fidel, pero se abstuvo de decir si este último ordenó la muerte del presidente de Estados Unidos.
Otro de los testimonios filmados en el documental es el de Laurence Keenan, un ex agente del FBI que había sido enviado a México para seguir a Oswald, y quien fue retirado tres días más tarde, por lo que su misión quedó interrumpida. "Quizás fue la peor investigación en la historia del FBI. Me di cuenta de que había sido utilizado. Sentí vergüenza. Perdimos un momento histórico", declaró Keenan, quien añadió que "fue una hora amarga para el FBI. Por motivos políticos debimos callar. Todavía me avergüenzo de ello". Al parecer, el sucesor de Kennedy, Lyndon B. Johnson, ordenó retirar la misión a pesar de estar convencido de la responsabilidad de Cuba en el célebre crimen, para evitar la Tercera Guerra Mundial, según Keenan, quien dijo estar esperanzado en que las futuras generaciones sepan más de la verdad sobre el asesinato cuando la información sea desclasificada en el año 2038.
A los pocos días del estreno de esta película durante el mes de enero de este año, el presidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, desplegó una multimillonaria campaña internacional acusando de falsedades al realizador y su equipo de trabajo bajo la acusación de “ataques al socialismo”, “conspiración contra la revolución”, “estrategia del capitalismo organizada por la CIA”, y otros anatemas por el estilo.
Lo curioso de este hecho fue cómo algunos seudoperiodistas sin ningún conocimiento sobre el magnicidio, sin haber visto el documental y sin ninguna investigación previa, se dedicaron a satanizar el trabajo de investigación que se hizo en México y se dedicaron a enaltecer a un burócrata del Gobierno mexicano como Jorge Ruiz Dueñas, reconocido miembro del Yunque, quien ostenta el puesto de director del Archivo General de la Nación.
A partir de ahí, el reportero anota cómo muchos comunicadores fueron al AGN a buscar un expediente sobre el homicidio de JFK y lo que les mostró el agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, de nombre Vicente Capello, persona que administra la Galería Uno, fue una versión pública de un expediente relacionado con el caso elaborado después de que interviniera el Instituto Federal de Acceso a la Información.
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